Negligencia

Los ahorradores de Ficrea no responsabilizamos al Estado de manera infundada o por capricho. A raíz del supuesto “fraude” maquinado por el socio mayoritario, Rafael Antonio Olvera Amezcua, mucha información salió a la luz.  Notas y algunos reportajes periodísticos revelan una serie de complicidades en las que el Estado, mediante órganos como la CNBV – o bien la PGR – a través de sus áreas de inteligencia financiera, son partícipes en actos de soborno a esta sociedad financiera popular (sofipo).

Ejemplo de ello es la siguiente investigación publicada en el diario El Universal, donde muestra una conversación entre presuntos socios de empresas de Olvera. Se puede apreciar que planean cubrir la cuota que, según dicen, les exige el gobierno para seguir operando.

 

Aquí un extracto:


Tomado de “El Universal”:

“Tras ello, Richard inquiere:  `¿Pero entonces quién falta?´, y Carlos responde: `Esta gente, gente de inteligencia financiera ¿sale? Entonces te digo no te puedo dar esos datos por teléfono güey´. Carlos cierra diciendo que Olvera Amezcua `ya sabe cómo está distribuido´.

 

Carlos le responde: `Por eso güey, pero yo tengo ahorita un güey, lo que dije, tengo una persona que maneja dinero, que nos presta 30 millones de pesos´ e inmediatamente le indica que le pidió a Olvera `a escritura de Vallarta que vale 40, voy, la deposito, nos prestan el dinero, pagamos el dinero, cerramos compromisos, y seguimos trabajando, y cuando se libere todo se paga güey, no estoy vendiendo la casa, pero pues ¿tú me prestarías 30 millones a la palabra?´.


Este diálogo revelaría una red de corrupción que incluye a funcionarios de un área de inteligencia financiera, —que existen tanto en la Secretaría de Hacienda como en la Procuraduría General de la República—, que permitió operaciones irregulares de Ficrea”.

Hay documentos que evidencian que la CNBV tenía datos precisos (aportados desde 2012 por calificadoras como HR Ratings) de la triangulación de recursos en que incurrió la financiera. Además la CNBV realizaba al menos cuatro auditorías anuales, sin las respectivas sanciones. El gobierno contaba incluso, con conocimiento de irregularidades de orden penal: Olvera Amezcua pisó la cárcel en el año 2011.

 

La Ley de Ahorro y Crédito Popular, en su artículo 44 establece que, cuando una persona pretenda adquirir directa o indirectamente más de 5% del capital social ordinario pagado de una sofipo, deberá obtener previamente la autorización de la CNBV y cumplir los requisitos previstos en el artículo 10, fracción II. Olvera poseía el 99 % del capital de Ficrea, una irregularidad más permitida por las autoridades que deben velar por los intereses de los usuarios de servicios financieros, ya que dicha legislación no permite participaciones tan altas en un solo socio de la mesa directiva de una entidad financiera.

 

David Coutiño Abud y Víctor Manuel Coutiño Albores fueron los primeros dueños de Ficrea , quienes según la causa penal 178/2010 del juez décimo tercero Penal del Distrito Federal, habrían defraudado al banco Interacciones, en el año 2010, por la cantidad de 174 millones de pesos a través programa Procampo, operado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación . Dicha acusación salió a la luz días antes de que se revelara que Rafael Antonio Olvera (ahora célebre personaje), exfuncionario de la Secretaría de Hacienda, tomaría las riendas de la Sofipo.

 

Esta situación podría hablarnos de cómo los inicios de Ficrea estuvieron marcados por administraciones de reputación dudosa… Sería difícil creer que el gobierno era ajeno a esto, especialmente cuando hemos sido testigos de que puede obtener un montón de datos de cualquier ciudadano. No siendo lo mismo cuando el ciudadano busca información gubernamental.  

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a Información Pública y Protección de Datos Personales, INAI, ha llamado a la CNBV, a la Condusef, a la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público a emitir respuestas a las peticiones de los ahorradores, sin embargo, hacen caso omiso aludiendo confidencialidad, o entregando hojas en blanco. Esto deja claro que dichas instituciones no tienen intención de coadyuvar a lo que podría ser una solución al caso Ficrea. Los afectados no podemos confiar en organismos que no son transparentes.

 

Caso similar es el de la Procuraduría General de la República, que ha realizado solo cuatro detenciones, según informó en abril pasado el presidente de la CNBV, Jaime González Aguadé. Las personas aprehendidas no son claves en el fraude, prueba de ello es que, a pesar de que la PGR tiene conocimiento de la ubicación de Olvera, no lo ha consignado ante la justicia mexicana.

 

Ahora nos encontramos en proceso de un concurso mercantil dudoso. Suena ilógico que habiendo con qué pagar a los ahorradores se declare la quiebra de Ficrea, especialmente cuando sabemos que existe una cartera con la cual se nos podrían devolver nuestros ahorros… La cartera, valuada en su momento por NAFIN en $3200 millones de pesos es el activo más importante. Bien administrada puede pagar a cada uno de los ahorradores incluidos los intereses. Los ahorradores propusimos al Congreso de la Unión esquemas con metas viables para cobrar esa cartera. No hubo voluntad política. Por el contrario nos enfrentamos con una legislatura, que en vez de representar al pueblo cedió a los intereses del gobierno y legisló en función del mismo: pretendieron sacar la llamada “Ley Ficrea” que pretendía que si cobrabas una parte de tu dinero, hasta un millón, renunciabas al resto, así como también a emprender acciones legales contra el Estado; o bien, desistirte si ya había alguna en proceso. Lo anterior es anticonstitucional.

La ciudadanía debe saber que jamás se pretendió (ni se pretende) por parte de los ahorradores que esto tuviera carácter de FOBAPROA, no. Esa fue una idea generada por algunos medios de comunicación que solapan al gobierno. Esto NO ES UN RESCATE CON RECURSOS PÚBLICOS. No permitamos más agravios ni mentiras del Estado. Nuestro trabajo es mantenernos unidos e informados.